A raíz de que los casos de coronavirus en México fueron incrementando, la impartición de justicia, como uno de los rubros más importantes de la vida pública, fue encaminada para que su actividad y finalidad no se viesen interrumpidas. La primera medida fue la suspensión de los términos judiciales; los juzgados y tribunales del país decidieron cerrar sus puertas para resguardar la salud de sus servidores públicos privilegiando el trabajo a distancia.
Pero esta decisión no significó una paralización absoluta de la actividad jurisdiccional, ya que los acuerdos del Consejo de la Judicatura, determinaron solo una reducción significativa respecto a la carga ordinaria de trabajo, priorizando en todo momento la resolución de casos urgentes. Cabe mencionar que, la reducción en la carga laboral ordinaria, sirvió para coordinar la forma en que continuaría la instrucción de todos los asuntos pendientes de forma remota, con base en el uso de herramientas tecnologías.
Aunque inicialmente dicha medida fue aceptada por la sociedad civil, los meses transcurrieron, así como la frecuencia en las exigencias para que los órganos jurisdiccionales se reactivaran totalmente, especialmente por parte de las y los abogados postulantes.
El principal argumento para el retorno a la actividad, fue que nada tendría que haber cambiado con la pandemia:
La aplicación del derecho es, en efecto, un valor abstracto que regula la dinámica social y no debería depender del espacio físico en el que se desarrollen los procesos judiciales. No obstante, la cruda realidad que evidenció la emergencia sanitaria, especialmente en los tribunales locales, es la preocupante dependencia al papel y su rezago tecnológico.
Hoy día, los tribunales se encuentran abiertos. A mediados de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación marcó el paso con la celebración de sesiones a distancia. Todo el Poder Judicial de la Federación, a través de su Consejo de la Judicatura, emitió lineamientos específicos y muy estrictos sobre la nueva dinámica que deben seguir las y los secretarios de estudio y cuenta, actuarios y oficiales judiciales, para hacer su trabajo. ¿Y le digo algo? Lo hacen y muy bien.
En la nueva normalidad, todo servidor público adscrito a dicha instancia federal, comienza sus labores a las ocho de la mañana. Cualquier elemento y documento necesarios para trabajar, se encuentran a su alcance por medio de su cuenta institucional de correo electrónico y una base de datos a la que pueden acceder cuando así lo requieran. Allí está todo. Por su parte, los actuarios no son expuestos, ya que emplean un sistema impoluto de notificaciones electrónicas y, si es imperativa su asistencia física al inmueble del Tribunal, solo pueden permanecer un máximo de cinco horas y media. No es displicencia, es practicidad.
Le comento lo anterior por lo siguiente:
La antítesis de este panorama, como se señaló párrafos arriba, se encuentra presente en la mayor parte de las instancias locales. Ya sea en materia civil, mercantil, penal o electoral, sobresalen las largas filas de ciudadanos que hay afuera de juzgados y tribunales para promover algún recurso o promoción, consultar un expediente o simplemente para solicitar le sean expedidas copias certificadas de alguna actuación.
Por supuesto, ello provoca que el trabajo a distancia de los servidores públicos de la justicia local, sea un anhelo. Tienen que ir, cumplir su jornada de trabajo de forma presencial y, en tiempos de coronavirus, esperar no infectarse.
¿Es su trabajo? En efecto ¿Para eso les pagan? También. ¿Podría ser distinto? Definitivamente.
Y no, estimado lector, no es una cuestión de capacidad económica solamente. El dinero se ha elevado frecuentemente como la panacea para los tribunales locales. El reto también se encuentra, de hecho, en erradicar costumbres y actitudes renuentes, incluso desidia, a transitar a una justicia digital. De una vez por todas, emprender el camino hacia la no dependencia al papel.
A propósito, esto último debe llamar poderosamente la atención, pues tengo la impresión de que, en un gran sector de personas, se encuentra la idea de que la conclusión de este fatídico año vendrá de la mano con el final del coronavirus. Es decir, que el primero de enero de 2021, despertaremos de un mal sueño, exhalaremos en señal de alivio y seguirá la vida a la luz de un nuevo amanecer. A como van las cosas, lo anterior es más una ilusión que una probabilidad real.
De hecho, ni siquiera la eventual distribución de una vacuna arreglará las cosas. El número de contagios en México, si bien es cierto, ha visto desde mediados de septiembre una gradual desaceleración, ello no significa que haya menos. Basta ver el ejemplo de países europeos como España, Alemania y Francia, quienes recién experimentan rebrotes significativos del virus en la víspera de la temporada de fríos permanentes. Ello también pasará en nuestro país.
Lo que sí es seguro traerá consigo el 2021, será un proceso electoral gigantesco. Probablemente más grande y trascendente que el de 2018. Las 32 entidades federativas llevarán a cabo comicios, ya sea para renovar gubernaturas, ayuntamientos o sus congresos locales.
Hay paradigmas plausibles como el caso de Hidalgo y Coahuila, quienes renovarán el próximo 18 de octubre, 84 municipios y 25 diputaciones locales, respectivamente. Sus experiencias comiciales tratando de respetar todas las medidas sanitarias posibles antes, durante y después de la jornada electoral, servirá de ejemplo para el resto de los estados.
Toda la experiencia posible debe ser rescatada. Sobre todo, las incidencias que se presenten deben transformarse en posibilidades de mejora y eventuales acciones para la prevención de daños al principio de certeza. Desde inicios de año, estos dos Estados concentraron todos sus esfuerzos por diseñar un protocolo de campaña para partidos políticos y candidatos independientes, así como lineamientos para la presentación y notificación de medios de impugnación que conozcan y resuelvan sus tribunales locales. Pero sin duda, lo más atractivo será el modelo de urna electrónica que serán utilizadas en ambos procesos electorales. Lo mejor que puede sucederle al país es, transitar por fin, al modelo de voto electrónico.
Empero, si bien estas elecciones serán las puntas de lanza para los otros procesos del próximo año, también se debe tener presente que ninguna jornada electoral será idéntica a otra. Aún hay tiempo de mejorar la arquitectura institucional de los estados, ajustándola conforme a sus aspectos sociales y políticos.
A pesar de lo complejo y complicado que se avizora el año electoral de 2021, hay también acciones que invitan a adoptar la idea de que no se está de brazos cruzados. Por ejemplo, muchos tribunales electorales locales ya están en la fase final en la adopción de un sistema de notificaciones electrónicas, el cual será de suma ayuda al momento de que lleguen todas las impugnaciones y el personal, no se dé abasto.
Veracruz es uno de ellos, que es el tercer padrón electoral más grande de México y se encuentra próximo a renovar sus 212 ayuntamientos y 50 diputaciones locales. Últimamente el optimismo no impera en la psique de la sociedad mexicana; sin embargo, ahora más que nunca debemos prepararnos para este reto electoral. Es responsabilidad de todas y todos, pues, finalmente, la democracia se construye desde lo local.
